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El Juzgado Federal ordenó clausurar la planta de efluentes e indagar a directivos de la CODEGU
El Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó este lunes la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en julio de 2025 por el presunto vertido de efluentes sin el tratamiento adecuado.
La resolución, dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, consideró acreditada la existencia de contaminación ambiental y entendió que la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal resulta necesaria para evitar que continúen los riesgos para el ambiente y la salud humana.
La causa se inició el 11 de julio de 2025, a partir de denuncias de vecinos del barrio Don Pedro, lindero a la planta, quienes advirtieron sobre contaminantes en las inmediaciones del Parque Industrial y en sectores vinculados al curso del río.
Desde la denuncia inicial, la Fiscalía Federal impulsó distintas medidas de prueba y varios allanamientos en las instalaciones del PIG que se fueron concretando el 27 de agosto y 19 de noviembre de 2025, mientras que el más reciente fue a fines de mayo. En total, la causa registra tres allanamientos y dos audiencias públicas.
En su resolución, el juez Viri sostuvo que es necesario adoptar el valor preventivo y precautorio de la ley para garantizar el cuidado del medio ambiente y la salud de la sociedad para evitar un daño irreversible.
La resolución, dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, consideró acreditada la existencia de contaminación ambiental y entendió que la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal resulta necesaria para evitar que continúen los riesgos para el ambiente y la salud humana.
La causa se inició el 11 de julio de 2025, a partir de denuncias de vecinos del barrio Don Pedro, lindero a la planta, quienes advirtieron sobre contaminantes en las inmediaciones del Parque Industrial y en sectores vinculados al curso del río.
Desde la denuncia inicial, la Fiscalía Federal impulsó distintas medidas de prueba y varios allanamientos en las instalaciones del PIG que se fueron concretando el 27 de agosto y 19 de noviembre de 2025, mientras que el más reciente fue a fines de mayo. En total, la causa registra tres allanamientos y dos audiencias públicas.
En su resolución, el juez Viri sostuvo que es necesario adoptar el valor preventivo y precautorio de la ley para garantizar el cuidado del medio ambiente y la salud de la sociedad para evitar un daño irreversible.